Según pudo saber este medio, uno de los principales impulsores de ese párrafo fue Brasil. En junio de este año, cuando la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen visitó Brasilia, el presidente Lula da Silva ya le había anticipado esa postura. «La premisa que debe existir entre los socios estratégicos es la confianza mutua, no la desconfianza y las sanciones», dijo en ese ocasión el mandatario del país vecino.
Sin embargo, el Mercosur sigue mostrando predisposición para avanzar con la discusión, tomando como base el texto negociado en 2019. Aunque señala que al transitar desafíos “sin precedentes” como el cambio climático, la inseguridad alimentaria y las tensiones geopolíticas, el Acuerdo de Asociación “debe salvaguardar la capacidad de los Estados para implementar políticas públicas”.
Sobre este punto, dos fuentes diplomáticas que participan de la negociación explicaron a este medio que Brasil busca preservar la política de compre nacional porque lo considera un instrumento fundamental para el desarrollo de su industria. Sobre todo en algunos rubros específicos, como equipamiento médico. Mientras que Argentina, hace hincapié en la necesidad de sostener y promover el sector automotriz, de cara al desafío de la electromovilidad.
El documento puntualiza algunas prioridades a la hora de salvaguardar la capacidad de implementar políticas: salud, ciencia, tecnología e innovación, cadenas de valor interregionales, movilidad sostenible, digitalización y la seguridad alimentaria, entre otros. Además, señala que “el acuerdo debería prever financiamiento que permita a los sectores vulnerables aprovechar los beneficios del convenio, ayudar a los productores que deseen cumplir con los requisitos de importación y promover iniciativas productivas sustentables”.
Otro de los pedidos del Mercosur es contar con mecanismos para “reequilibrar las concesiones comerciales negociadas en el marco del Acuerdo de Asociación si éstas se suspenden o anulan como resultado de la legislación interna de la UE”. Ese pasaje hace clara alusión al nuevo Pacto Verde Europeo que se firmó de forma posterior al principio de acuerdo sellado en 2019 y que complica severamente las posibilidades de los exportadores locales.
No obstante el texto consensuado destaca que “el Mercosur y sus Estados Partes creen que la rápida conclusión de las negociaciones sería una contribución inequívoca para abordar los desafíos enviaría una fuerte señal a la comunidad internacional de unidad y colaboración entre dos regiones del mundo que comparten el mismo conjunto de valores”.
Claro, dentro de ese consenso también hay matices en las velocidades. Uruguay quiere avanzar lo más rápido posible sin solicitar concesiones a la UE, Paraguay tiene una postura intermedia pero más cercana a la línea de Luis Lacalle Pou. Tanto Argentina como Brasil muestran una posición más defensiva. Está claro, los primeros dos países no tienen una industria que proteger, mientras que los últimos.